El Cabildo ha puesto en marcha mesas de trabajo con el objetivo de implantar, a partir del próximo mes de enero de 2017, nuevas cláusulas sociales en los procedimientos de contratación administrativa de la Corporación, tales como que primen a las empresas que creen empleo, estén comprometidas con el precio justo, fomenten la igualdad entre hombres y mujeres o utilicen productos locales. La medida también persigue facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la contratación pública.
El equipo técnico y político del programa redactará una instrucción sobre la aplicación de nuevas cláusulas sociales en los procedimientos de contratación administrativa, que complementarán las cláusulas que ya implantó en esta materia el Cabildo en 2012. Desde entonces, se han incluido en los pliegos de contratación cláusulas para la generación de empleo de calidad y la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. Para la redacción de esta nueva instrucción insular se cuenta con la colaboración de una consultoría en cláusulas sociales y transparencia que ha asesorado a ayuntamientos y gobiernos de todo el país en esta materia.
Las nuevas cláusulas sociales primarán a las empresas que se comprometan a contratar a personas con dificultades para acceder al mercado laboral o fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También se beneficiará a las compañías que se comprometan a emplear a más personas para la ejecución del contrato.
En este sentido, y a raíz de una moción institucional aprobada en el Pleno de octubre de 2015, se trabaja en añadir nuevas tipologías de cláusulas sociales y medioambientales en una nueva instrucción transversal, que se aplicará en los pliegos de contratación administrativa de todas las áreas insulares, especialmente en las que, por las características de su actividad, subcontraten a empresas para realizar trabajos que requieren de más personal.
La vicepresidenta del Cabildo y consejera de Acción Social, Cristina Valido, recuerda que el Cabildo de Tenerife “desde 2012 viene incorporando cláusulas sociales y medioambientales a sus contrataciones”. “Es nuestro deseo incorporar nuevos compromisos con la sociedad y el medioambiente en las empresas que opten a contratos con esta institución, que deben contar con todas las garantías que la normativa europea exige”. En este sentido, explica que se ha abierto un debate “sobre las nuevas medidas que deseamos incluir, con expertos en esta materia para avanzar en la contratación ética y responsable”.
La nueva instrucción también valorará a los licitadores que se comprometan a incluir productos de precio justo o los que utilicen productos que, en su transporte, hayan producido nulas emisiones de CO2. Así, las cláusulas incluirán una puntación extra a las empresas que incorporen criterios de calidad y responsabilidad social para la ejecución del contrato, como la mejora de las condiciones salariales, la formación continua de los empleados, el porcentaje de contratación indefinida entre la plantilla que ejecutará el contrato o la contribución al desarrollo local y a la cohesión social.
Por su parte, el director insular de Empleo, Leopoldo Benjumea, relató que uno de los objetivos de la Corporación es facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la contratación pública. Para ello, los contratos se podrán dividir en lotes que se liciten por separado, se limitará el número de concursos a los que pueda presentarse cada empresa y se barajará la eliminación de la garantía provisional para tomar parte de las licitaciones. “Muchas de estas nuevas medidas favorecerán que pymes y micropymes puedan acceder a la contratación públicas y, por lo tanto, tengan la posibilidad de incrementar su plantilla”, destaca.
Entre otros elementos, se implantarán medidas para premiar a las empresas que realicen acciones directas en favor del empleo, mediante la contratación de personal procedente de colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral. También se incluirán medidas para reforzar la estrategia del Cabildo para la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Leopoldo Benjumea señala que, con esta iniciativa, el Cabildo persigue “la eficiencia en la inversión de recursos públicos, mediante la acción social y el empleo”. “Valoraremos a las empresas que ofrezcan a sus empleados condiciones laborales superiores a las mínimas establecidas en los convenios sectoriales y territoriales y, además, que contraten de forma indefinida”.