El Pleno del Cabildo aprobó hoy [viernes 29] por unanimidad una moción en la que propone a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a realizar los estudios oportunos, junto al resto de la comunidad educativa, para determinar la utilidad y ventajas de incorporar educadores sociales a la plantilla de profesionales en los centros de enseñanza.
La propuesta especifica que la inclusión de estos educadores sociales busca apoyar y sumar, siempre en coordinación con el equipo docente, y sin interferir ni invadir competencias de otros profesionales que también desarrollan su actividad en los centros educativos. El objetivo es facilitar el desarrollo integral del alumnado, promoviendo su sociabilidad, valores, competencias y habilidades. Con este acuerdo también se busca la prevención y resolución de conflictos.
El Pleno también aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a que, respetando la legalidad vigente, estudie la compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa, así como el cese inmediato de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que insta a los afectados a que elijan entre mantener una vida intelectualmente activa o su pensión de jubilación.
En defensa de la calidad de vida de las personas, se aprobó también por unanimidad una moción para la salvaguarda de las pensiones públicas y condiciones de vida digna de los pensionistas, además de otra propuesta destinada a luchar contra la pobreza energética instando a todos los ayuntamientos de la Isla a adherirse al convenio entre la Fecam y Endesa para coordinar la gestión de ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de suministro eléctrico a las familias vulnerables.
Otros acuerdos alcanzados fueron el impulso de las infraestructuras complementarias de agua regenerada y la búsqueda de alternativas al proyecto de ejecución del aparcamiento subterráneo en la plaza de la Basílica de Candelaria. En materia pesquera, el Cabildo aprobó pedir al Gobierno de España que sea asignado a Canarias el aumento íntegro de la cuota de atún rojo autorizada en noviembre y que alcanza las 460 toneladas.
Por contra, no hubo acuerdo plenario sobre una moción que planteaba la retirada del Parlamento de Canarias de una Ley que pretende proteger y restaurar los barrancos de Güímar afectados por la extracción de áridos. Cabe recordar que esta normativa busca impulsar un desarrollo sostenible en la zona, actuación que promovió el Cabildo de Tenerife con el apoyo unánime de todos los grupos en el Pleno de la Corporación insular celebrado el pasado mes de julio.