El Consejo insular de la Vivienda, órgano dependiente del Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo, celebró recientemente), una sesión extraordinaria con los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la Isla para avanzar en las nuevas ayudas del Programa de Rehabilitación de Vivienda para 2017, además de dar a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Área relacionadas con la situación de las personas sin hogar.

El vicepresidente y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu, quien presidió la sesión junto con los técnicos del Área, explicó a los representantes municipales los trámites correspondientes para optar a las ayudas de rehabilitación de vivienda, y recordó que “el espíritu del programa es ayudar a las personas con menos recursos y cubrir las necesidades sociales y de salubridad de las viviendas”, por lo que se trataron distintas soluciones para agilizar trámites como las licencias de obras, entre otros aspectos.

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Los ayuntamientos plantearon sus sugerencias y propuestas de cara a las nuevas ayudas del Programa de Rehabilitación de Vivienda para 2017, con el objeto de mejorar las necesidades de los ciudadanos en relación a la adaptabilidad de sus casas.

Aurelio Abreu afirmó que estas ayudas responden a la necesidad de que las administraciones públicas aseguren la función social de las viviendas, el acceso a una vivienda adecuada y su mantenimiento. “Queremos trabajar en una política integral de vivienda con la colaboración de los ayuntamientos, en especial de las áreas de servicios sociales y vivienda que sirven como principales agentes receptores de demandas de este tipo, así como el Consejo Insular de la Vivienda como órgano en el que están representados los principales agentes en esta materia”.

En este sentido, recordó que el Área de Cooperación y Vivienda destinó 1,3 millones de euros este año para los 31 municipios de la Isla, que benefician a más de 450 familias en situación de extrema necesidad en Tenerife.

También adelantó la posibilidad de que el Cabildo amplíe la rehabilitación  de viviendas en más municipios de los incluidos en los convenios del Plan Estatal de Rehabilitación edificatoria y Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), como son Adeje, Candelaria, La Laguna y Santa Cruz, donde la Institución insular invertirá casi 3,5 millones de euros para 2017.

Los alcaldes y concejales también conocieron en esta sesión las actuaciones que el Área de Cooperación Municipal y Vivienda lleva a cabo en relación a la situación de las personas sin hogar, como un proyecto piloto junto a Cáritas Diocesana de Tenerife, la Plataforma Pro Derechos Económicos Sociales y Fiscales de Canarias, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, para facilitar ayudas de alquiler y recursos alojativos alternativos.

Cabe destacar que el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas cuenta este año con una partida de 1,3 millones de euros. De igual modo, tiene como objetivo asegurar la función social de la vivienda a través de subvenciones directas a los ayuntamientos para que las distribuyan entre aquellos propietarios cuyos domicilios no se encuentren en condiciones mínimas de habitabilidad, y que estén en situación de extrema necesidad (apreciada por los Servicios Técnicos municipales).

Los destinatarios de las mismas deberán ser titulares de la vivienda, ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra, con recursos económicos insuficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad objeto de la ayuda solicitada, deberá tener valorada la situación de necesidad e idoneidad para la prestación solicitada por los servicios municipales competentes, y deberá estar empadronado en el referido término municipal. Las obras objeto de financiación son, entre otras, aquellas que comprendan total o parcialmente la supresión de barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o la sustitución parcial de los elementos estructurales, y que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad o protección contra incendios.