El Salón de Plenos del Cabildo acogió, recientemente, un encuentro del consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, con representantes de colegios profesionales de la Isla y de la Universidad de la Laguna, con el fin de exponer los cuatro ejes estratégicos en que se fundamenta el desarrollo de esta área. Se abordó, por tanto, el planeamiento territorial, planeamiento ambiental y de sostenibilidad, planeamiento urbanístico, y la cultura del territorio.
A esta cita, en la que también estuvieron presentes técnicos del Área, acudieron representantes de los colegios de geógrafos, geólogos, ingenieros de obras públicas, minas, agrónomos y telecomunicaciones, así como responsables de las escuelas universitarias de Arquitectura Técnica e Ingeniería Agrónoma, y de la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo.
Miguel Ángel Pérez explicó que el objetivo del Área de Política Territorial es “crear un marco normativo común de planeamiento insular para la elaboración de los planes de los municipios, los planes territoriales y los planes ambientales; de modo que todos los actores cuenten con la seguridad jurídica necesaria para que la actividad y el bienestar de la Isla evolucionen de forma racional, equilibrada y equitativa. Y todo ello, respetando siempre las competencias de cada localidad”.
El consejero hizo especial hincapié en la importancia de la ordenación y la promoción del suelo rústico “como ámbito para el desarrollo de múltiples sectores de interés para nuestra economía y nuestro medio ambiente, y que no son susceptibles de llevarse a cabo en suelos urbanos, especialmente los de agricultura y ganadería”.
En cuanto al eje ambiental, resaltó la revisión del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, PIOT, en su calidad de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), “bajo cuyo marco – indicó- se generará un régimen adecuado para la conservación y el uso sostenible de dichos recursos, y también la profundización en aspectos muy necesarios en la conservación del medio natural, como puede ser la elaboración de un Plan de corredores ecológicos que enlacen adecuadamente a los espacios naturales dispersos de la Isla, cuyos trabajos ya están muy avanzados”.
Por otra parte, y en relación al eje urbanístico, Miguel Ángel Pérez planteó durante la reunión la posibilidad de poner en marcha una oficina insular que preste soporte técnico y administrativo a los ayuntamientos en esta materia, y también informó de que “desde el Cabildo ya estamos colaborando con la Comunidad Autónoma para aportar criterios racionales a la próxima legislación canaria del suelo”.
Otro de los puntos clave en los que puso énfasis el consejero fue en la necesidad de desarrollar un planeamiento con fuerza normativa simplificado y adecuado para el sector turístico y la industria extractiva, “que con la reactivación económica precisan de especial atención por parte de las administraciones”.
El cuarto eje, la cultura del territorio, nace con la voluntad de acercar y hacer comprensible la actividad del Área de Política Territorial a la población, los agentes sociales, económicos, profesionales y municipales; de forma que la planificación insular y ambiental sea un proceso participativo que se enriquezca con las aspiraciones y el conocimiento de los ciudadanos. Las acciones principales dentro de este programa están encaminadas a la creación de un portal web dinámico, que facilite la participación y la transparencia.
Durante la reunión, y una vez abierto un turno de aportaciones de los colegios profesionales y organismos docentes, salieron a relucir aspectos como la necesidad de desarrollar una política eficaz de mitigación y adaptación al cambio climático, y de profundizar en la gestión de residuos, energías renovables, saneamiento y el empleo derivado, propuesto por el Colegio de Geógrafos; así como la aportación del Colegio de Geólogos de elaborar mapas de riesgo adecuados para las políticas de protección civil.
Por parte de los colegios y la escuela de ingenieros agrónomos, las demandas estuvieron relacionadas con la mejora y agilidad en el planeamiento que compatibilice las necesidades de la agricultura y la ganadería modernas y competitivas, con la normativa del suelo rústico y los espacios naturales protegidos. Insistieron, también, en propiciar que se permitan los usos terciarios asociados a actividades del sector primario en suelo rústico.
Salió a relucir, también, la conveniencia de mejorar la normativa que define las calificaciones territoriales para convertirlas en instrumentos más ágiles, especialmente en los casos en que no existe planeamiento general adaptado, sino planes y normas subsidiarias antiguos.
Otra de las demandas planteadas por los asistentes fue que los nuevos planeamientos urbanísticos se rijan por directrices comunes, de manera que guarden una homogeneidad y equilibrio en los distintos municipios, y poder acabar así con la disparidad que existe actualmente. En este sentido, Miguel Ángel Pérez informó de que “se está trabajando en este aspecto ante el equipo redactor de la Ley del Suelo de Canarias”.
En cuanto a los recursos minerales y energéticos, el Colegio de Ingenieros de Minas abogó por un mejor desarrollo de la planificación del uso de estos recursos y por propiciar la legalización de las actividades extractivas necesarias, así como por fomentar las energías renovables. Este planteamiento contó, también, con el apoyo del consejero, quien advirtió de la necesidad de ordenar “además de los recursos, otras actividades derivadas de su aprovechamiento, como los tendidos eléctricos asociados a la captación de energías eólica y fotovoltaica”. Anunció, de igual modo, la reactivación de la Mesa Insular de la Energía, como foro participativo imprescindible de todos los sectores afectados.
Los representantes del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones resaltaron la necesidad de regular los tendidos y cableados, y propusieron que desde la normativa se promuevan las canalizaciones multiservicios que permitan prevenir todos los problemas actuales de dispersión de conducciones y de afección a propiedades privadas.
Por último, los miembros de la sección de Arquitectura Técnica de la Universidad La Laguna reivindicaron que se incluyera en los planeamientos la construcción sostenible, la gestión eficaz de los residuos, la disminución de la huella de carbono, y la prevención ante ondas electromagnéticas, entre otras cuestiones, “evitando gravar a los productos sostenibles que vienen del exterior y que pueden coadyuvar a mejorar estos sectores”.