El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y la consejera del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se reunirán con responsables del Banco Santander para buscar una solución al problema que padecen las familias de Añaza en riesgo de desahucio. Carlos Alonso ha anunciado que esta mañana [miércoles 17] y por registro de entrada ha recibido una respuesta a la solicitud que la pasada semana realizó a la entidad bancaria y por tanto “estamos dispuestos a dialogar con el fin de evitar los desahucios de estas personas”. Al encuentro, que tendrá lugar en el ayuntamiento de Santa Cruz el próximo viernes 19, está previsto que también asistan representantes de las familias afectadas.
La reacción del Banco Santander surge tras la decisión del Cabildo y del ayuntamiento de Santa Cruz de retirar del banco un total de 27 y 2 millones respectivamente, como medida de presión ante esta grave situación. “La reacción positiva que ayer esperaba por parte de la entidad bancaria se ha producido hoy por lo que estamos abiertos al diálogo”. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz mostró su satisfacción por el hecho de que en la mañana de hoy no se haya producido el desahucio que estaba previsto y “esa es una noticia positiva que abre a la puerta a la esperanza de que se este problema finalmente se resuelva con éxito y que el resto de desahucios tampoco se produzcan.
En este sentido cabe recordar que la Corporación insular pidió la pasada semana información “clara y precisa” sobre la situación real de las viviendas y que se paralizara cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles. El presidente insular recuerda que el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas. Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.
El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.