La consejera insular de Acción Social y presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet, y la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, han firmado un acuerdo de colaboración que asegura otros cuatro años el funcionamiento de este recurso tutelado dirigido a mujeres
La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, han firmado un convenio de cooperación para el mantenimiento de un piso tutelado destinado a mujeres víctimas de violencia de género, asegurando así la continuidad de este recurso de apoyo.
Mediante este acuerdo, el consistorio capitalino cede de forma gratuita el uso del piso al IASS, que se encarga de su gestión, para que puedan alojarse, durante un periodo máximo de un año, mujeres que sufran violencia de género. Así lo ha explicado la presidenta del IASS, Marián Franquet, quien ha resaltado la “estupenda predisposición y colaboración” del Ayuntamiento, al tiempo que ha precisado que “la firma de este acuerdo supone garantizar, por cuatro años más, el uso de los recursos de apoyo existentes en el ámbito local, algo imprescindible para asegurar una nueva vida a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas”.
El personal técnico de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS es el encargado de valorar los ingresos, derivados tanto del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), que presta asistencia inmediata a las mujeres en situación de necesidad, como de las casas de acogida u otros recursos y organismos. “Son nuestras técnicas las que estudian la idoneidad del perfil ‒precisa Franquet‒ y también las que asumen las líneas de coordinación entre ambas instituciones (Cabildo y Ayuntamiento) para el correcto funcionamiento del servicio”.
Este piso tutelado especializado, que está integrado en la red insular de atención para la violencia de género, acoge a mujeres víctimas de violencia y a sus familias. Tiene capacidad para cuatro unidades monomarentales y para un máximo de 12 personas. Además de asegurar la protección y el alojamiento, el personal técnico de la unidad presta asesoramiento jurídico, social y psicológico a las personas alojadas.