El Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo del Cabildo, ubicado en La Laguna,  acoge el próximo miércoles [día 11], de 17,00 a 19,00 horas, una sesión informativa sobre los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo y de los gastos de constitución y tramitación del préstamo hipotecario. El objetivo de esta acción es explicar el alcance de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21 de diciembre de 2016) que condena a la banca española a devolver todo el dinero cobrado de más por este tipo de cláusulas. Se lleva a cabo en colaboración con la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae.

El vicepresidente económico y consejero insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico, Efraín Medina, señala que “desde el Cabildo intentamos arrojar luz a la nueva situación de las cláusulas insertadas en los contratos de préstamos hipotecarios, para que todos los consumidores afectados en la Isla se beneficien de los efectos positivos de la sentencia”.

En esta reunión se informará sobre las acciones y estrategias, judiciales y extrajudiciales, que se están llevando a cabo, así como de los procedimientos que puedan acordarse en próximas fechas, para reclamar de manera eficaz el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas desde que se hizo efectiva y se activaron estas cláusulas suelo, así como de los gastos de constitución y tramitación del préstamo hipotecario que se derivan de los mismos. Se pretende con ello salvaguardar los intereses económicos y sociales de los consumidores.

Cabe recordar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que “la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva”. Es por ello por lo que la limitación en el tiempo que este tribunal acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013 no es compatible con el Derecho de la Unión Europea ni con la normativa española de protección a los consumidores.